
En un auto, la jueza procesa a 30 investigados, entre ellos varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, y fija para diecisiete de ellos una fianza por responsabilidad civil de casi seis millones de euros, cifra equivalente supuestamente a los gastos comprometidos con el 1-O.